Relación entre el marco legal que orienta la educación infantil y el concepto de infancias

El concepto de infancia a través del transcurso del tiempo ha alcanzado una valiosa evolución históricamente, los niños eran vistos como adultos en miniatura, seres incompletos en transición hacia la adultez, lo que implicaba que sus necesidades y derechos eran frecuentemente ignorados. Esto empezó a cambiar en el siglo XVII, cuando los niños empezaron a ser vistos como inocentes que debían ser protegidos del daño y la corrupción del mundo adulto. La infancia empezó a ser considerada una etapa diferente en la vida. Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones en psicología, pedagogía y sociología, emergió una visión más moderna que reconoce la infancia como una etapa única, caracterizada por el desarrollo emocional, social, cognitivo y físico. Los niños comenzaron a ser reconocidos como sujetos de derechos, no solo como futuros ciudadanos, sino como individuos con necesidades y potenciales que deben ser atendidos de inmediato.

Esta evolución en el concepto de infancia ha tenido un impacto directo en la formulación de marcos legales que regulan la educación infantil. La consideración de los niños como sujetos de derechos ha llevado a la creación de normativas que protegen su bienestar, certifican su desarrollo integral y garantizan su acceso a una educación de calidad.

Ahora bien, el marco legal en la educación infantil es la orientación en la educación infantil, donde está diseñado para garantizar que los derechos y necesidades de los niños se respeten y promuevan de manera efectiva. Este marco abarca leyes, reglamentos y políticas que definen cómo debe ser la educación infantil, asegurando que esta sea inclusiva, equitativa y adaptada al desarrollo natural de los niños.

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en 1989, es uno de los pilares más importantes en la protección de la infancia. Este documento establece que todos los niños tienen derecho a recibir una educación que promueva su desarrollo físico, emocional, mental, cognitivo y social. A nivel nacional, estas directrices se traducen en leyes que obligan a los Estados a proporcionar acceso universal y gratuito a la educación infantil, además de garantizar la formación adecuada de los educadores y la implementación de un currículo que respete el desarrollo integral del niño.

Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación de España (LOE) y su reforma, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), resaltan la necesidad de una educación infantil que respete y fomente el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños (BOE, 2006; BOE, 2013). Estas leyes expresan una visión de la infancia como una etapa única y valiosa, donde cada niño es visto como un ser con derechos y potencialidades específicas.

La LOE, en particular, establece que "la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad" (BOE, 2006, p. 24).

Por lo tanto, la educación inicial pone en el centro de su hacer a las niñas y los niños, reconociendo las particularidades que singularizan su desarrollo infantil, por lo que las acciones de quienes están en interacción con ellas y ellos procuran ayudar a la construcción de su identidad, acompañándolos en su proceso de inserción y construcción del mundo propio y social. Por consiguiente, promover el desarrollo integral en el marco legal de la educación inicial significa reconocer a las niñas y los niños en el ejercicio de sus derechos, saber de sus singularidades, intereses, gustos y necesidades y atenderlos mediante las actividades que implican esos intereses en sus momentos particulares de desarrollo.

Esta relación del concepto de infancia y marco legal no solo define las políticas y normativas educativas, sino que también muestra y refuerza cómo se entiende y se trata a los niños durante sus primeros años de vida. La aceptación de la infancia es una etapa crucial y única del desarrollo humano, Esto ha sido clave para la creación de normativas que protegen los derechos de los niños y aseguran su bienestar y desarrollo integral. Consecuentemente las implementaciones de estas normativas refuerzan y promueven un entendimiento de la infancia que prioriza el respeto, la protección y la educación adecuada, creando un ciclo virtuoso que beneficia tanto a los individuos como a la sociedad.